El primer decreto 'Maricarmen' de vivienda ha permitido paralizar el desahucio de Maca, una mujer vulnerable que vive en el barrio de Santa Andreu, en Barcelona, y que paga un alquiler de 850 euros al mes.
El lanzamiento estaba previsto para esta mañana, pero el juzgado ha ordenado su suspensión después de que el decreto se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, Carme Arcarazo, ha explicado en 'El Tiempo Justo' que Maca cumple los requisitos para acogerse a la medida: es una persona vulnerable, no tiene una alternativa habitacional y cuenta con un diagnóstico de trastorno mental. Arcarazo ha asegurado: "Esta mañana éramos un centenar de personas, por lo menos, enfrente de su casa para parar el desahucio".
Finalmente, la comisión judicial ni siquiera ha tenido que acudir al domicilio porque el juzgado ha paralizado el lanzamiento antes de que llegara. La situación de Maca se ha complicado durante los últimos años. La mujer empezó pagando unos 600 euros y ha terminado abonando 850 euros por un contrato que siempre ha sido verbal. Según Arcarazo, el propietario ha ido aumentando el alquiler y, cuando Maca se ha negado a aceptar nuevas condiciones, ha sufrido distintas formas de presión. La portavoz ha relatado que: “Ha sufrido mucho acoso inmobiliario, le han llegado a cambiar la cerradura y le han bajado la capacidad eléctrica del piso”. Además, el propietario le habría propuesto pagar el mismo alquiler a cambio de limitar su acceso a una habitación de la vivienda.
Maca empezó pagando unos 600 euros y ha terminado abonando 850 euros por un contrato que siempre ha sido verbal
La paralización del desahucio se ha convertido en un primer paso para buscar una solución más estable para Maca. El Sindicato de Inquilinas ha señalado que ahora debe comenzar una negociación con la propiedad para alcanzar un acuerdo que permita a la mujer continuar en su vivienda con mayor seguridad.
Arcarazo ha destacado: "Suspender un desahucio es solo el primer paso" y ha defendido que Maca necesita un contrato de cinco años. El caso se ha presentado así como una primera prueba de la aplicación del nuevo decreto. La portavoz ha considerado que la medida "no va a solucionar todos los problemas", pero sí ha permitido frenar el lanzamiento y abrir la puerta a una negociación. Para el sindicato, el objetivo será conseguir que esta suspensión no sea temporal y que Maca pueda mantener su hogar de forma permanente.